Sexta Resolución de la Comisión Nacional de PTU

Con el propósito de tenerlos lo mejor informados posible sobre la situación actual, relacionada con el panorama laboral, les compartimos la siguiente información:

Resolución del Consejo de Representantes de la Sexta Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas

El pasado 18 de septiembre del año 2020, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Resolución del Consejo de Representantes de la Sexta Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas (la Resolución) que fue llevada a cabo el pasado 9 de septiembre del presente año. La Sexta Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas (la Comisión) determinó que no existían las bases suficientes para revisar el porcentaje de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas y estableció en su punto resolutorio Primero, que el porcentaje de participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas (PTU) deberá mantenerse en el 10% sobre la renta gravable

Hace más de 50 años, el 21 de noviembre de 1962, durante el gobierno del presidente Adolfo López Mateos, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto mediante el cual se otorgó el derecho de los trabajadores a recibir el pago de PTU. . En el mismo se estableció que sería la Comisión quien fijaría el porcentaje a repartirse entre los trabajadores por concepto de PTU. Con base en lo anterior, en 1963, la Primera Comisión fijó el porcentaje en 20%. Este, sufrió ciertas modificaciones durante años por las correspondientes Comisiones; sin embargo, desde marzo de 1985se ha mantenido fijo en 10%, es decir, hace más de treinta y cuatro años que el mismo no se ha modificado. Debemos recordar que cuando se fijó el PTU en 1985, la inflación era 63.75% y los CETES pagaban 61.59%. Hoy en día, la inflación está en un 4.83% y los CETES pagan 8.5%.

El porcentaje se fija sobre la utilidad gravable antes de impuestos, lo cual ocasiona un impacto grave a la fluidez económica, siendo una carga onerosa para las empresas, lo cual, limita su competitividad y desarrollo. La combinación del pago del PTU y del pago de un impuesto sobre la renta del 30% resulta en que México sea un país poco atractivo para inversión, tanto local, como extranjera. Esto pone en peligro la estabilidad en el empleo para los trabajadores, creando una posible vulneración para los mismos e incluso para la sociedad.

En virtud de lo anterior, muchas empresas han recurrido a la tercerización o subcontratación, ya sea mediante outsourcing o insourcing, para amortiguar el impacto económico y continuar con cierta estabilidad y, sobre todo, para ser competitivas. En el año 2012, se reformaron y adicionaron disposiciones de la Ley Federal del Trabajo relativas a tercerización y subcontratación. Las cuales, si bien se hicieron con la finalidad de proteger al trabajador, terminaron por colocar a la empresa en una posición de incertidumbre laboral y fiscal. Aunado a lo anterior, se sabe que entrará en discusión una nueva propuesta de reforma a la subcontratación, la cual, que buscará virtualmente destruir tanto el outsourcing, como el insourcing en México.

Entre muchas otras modificaciones, se propone modificar el segundo párrafo del Artículo 15-A de la siguiente manera:

La subcontratación únicamente podrá realizarse respecto de actividades laborales en las que los trabajadores que el contratista provee exijan de una especialización que resulte ajena o accesoria a la actividad o vocación preponderante o principal de aquella que realice el contratante o beneficiario, de conformidad con el giro de su negocio, industria, sector productivo o de prestación de servicios al que pertenezca. 

La figura se volverá virtualmente inaccesible y será puesta bajo fuertes escrutinios, esperando que la misma desaparezca eventualmente. Esto volverá un riesgo inminente el pago del PTU en México bajo porcentajes anacrónicos. 

Al respecto, consideramos que existen bases para promover amparos en contra de la Resolución, para dejar sin efecto el pago y el riesgo que conlleva un porcentaje del 10% de PTU. Consideramos que la Comisión violó la fracción IX del artículo 123 Constitucional, respecto a las condiciones que esta establece para que se fije el porcentaje del PTU, en particular, porque no se realizaron los estudios necesarios y apropiados para conocer las condiciones que justifiquen el 10% de participación sobre la renta gravable. Lo anterior significa que no existe una base para determinar el pago, por lo tanto, siendo la resolución inconstitucional y contraria a las normas aplicables a la propia Comisión. A través del amparo, se buscaría lograr, en última instancia, que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social vuelva a convocar a la Comisión, para que mediante el debido proceso, adopte una resolución con una perspectiva económica más adecuada a la realidad actual, y no mantenga un porcentaje que, después de estar en vigencia por más de 35, resulta desvinculado con la realidad económica y laboral del país,  logrando, idealmente, reducir el porcentaje del PTU de acuerdo con la realidad económica del País.

Sin más por el momento, quedamos a sus enteras ordenes en caso de cualquier duda o aclaración derivada del contenido de la presente nota.

 

Saludos cordiales,

Oscar De la Vega Gómez y Ricardo Martínez Rojas

Socios Fundadores

De la Vega & Martínez Rojas, S.C.