¿El COVID-19 Riesgo de Trabajo o Enfermedad General?

Acuerdo ACDO.AS2.HCT.151220/340.P.DPES del H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, emitido en sesión ordinaria del 15 de diciembre de 2020.

Con fecha 8 de enero del año en curso, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, dicho acuerdo del Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, que estableció en su acuerdo Primero:

    “Se autoriza a la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, a implementar la estrategia de dictaminación proactiva como riesgo de trabajo de los trabajadores de empresas afiliadas fallecidos o con secuelas debido a que padecieron formas graves de COVID.19 durante el período de contingencia. La estrategia deberá realizarse hasta que concluya la emergencia sanitaria declarada por el Consejo de Salubridad General, mediante Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación del 30 de marzo de 2020”.

Este acuerdo puede tener graves repercusiones para las empresas, pues en el caso de que el IMSS dictamine como riesgos de trabajo los casos de trabajadores afiliados afectados por el COVID-19, ello impactará en la determinación de la prima del seguro de riesgos de trabajo, con el consiguiente impacto en el pago de cuotas patronales en este ramo de aseguramiento.

En nuestra opinión, este acuerdo carece de fundamento legal considerando que la enfermedad profesional, en los términos del artículo 475 de la ley laboral es:

“Artículo 475.- Enfermedad de trabajo es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en que el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios”.

Esto es, la enfermedad profesional deriva de la naturaleza propia de la actividad económica de la empresa y no de la contingencia sanitaria, pues ésta es ajena al patrón.

Por otra parte, las enfermedades profesionales se encuentran previstas en la tabla del artículo 513, de la Ley Federal del Trabajo y la única autoridad que puede actualizar dicha tabla es la Secretaría del Trabajo y no el Instituto Mexicano del Seguro Social, en los términos del primer párrafo del citado artículo; además, de conformidad con el artículo 515 de la Ley Federal del Trabajo, previamente a su actualización, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, deberá realizar las investigaciones y estudios necesarios, a fin de que el Presidente de la República pueda iniciar ante el Poder Legislativo la adecuación periódica de las tablas a que se refieren los artículos 513 y 514 de la referida ley.

Por lo anterior, es legalmente infundado el citado acuerdo del Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Ante la proximidad de la obligación patronal de presentar en el mes de febrero de 2021, la declaración anual para la autodeterminación de la prima del seguro de riesgos de trabajo, cuya vigencia será del 1 de marzo de 2021, al último día de febrero de 2022, es pertinente que los patrones analicen la problemática que podría suscitarse en el supuesto de que se consideren como riesgos de trabajo, los casos de trabajadores afiliados afectados por el COVID-19. Los patrones deben analizar sus actividades y las de sus trabajadores, para definir la mejor estrategia frente a la intención del IMSS de dictaminar como riesgo de trabajo los padecimientos de los trabajadores afectados por el COVID-19.

Inclusive, deben tenerse presentes los medios de impugnación que existen contra cualquier acto del IMSS que califique la enfermedad como riesgo de trabajo, o que rectifique la prima declarada por la empresa para dicho periodo. La impugnación puede ser a través del recurso de inconformidad previsto en la Ley del Seguro Social o bien, mediante la demanda de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Nos ponemos a sus órdenes para cualquier consulta sobre este tema.