Expertos laboristas señalan implicaciones y desafíos legales del paro del Poder Judicial – Líder Empresarial
El reciente paro en el Poder Judicial de México ha generado un intenso debate sobre su naturaleza y legalidad. A diferencia de otros movimientos laborales, este paro no puede ser catalogado estrictamente como una huelga. Esto se debe a que, aunque los trabajadores del Poder Judicial tienen derechos laborales protegidos, las circunstancias y requisitos específicos para una huelga no se han cumplido en este caso.
En entrevista con Líder Empresarial, Oscar de la Vega, socio director de De La Vega & Martínez Rojas, S.C., y Oziel Guerrero, de Vega Guerrero y Asociados, ambos expertos en derecho laboral, abundan sobre el carácter legal de este acontecimiento inédito.
Expertos laboristas señalan implicaciones y desafíos legales del paro del Poder Judicial – Líder Empresarial
«No podemos clasificarlo realmente como una huelga, en el sentido estricto de la palabra, porque no se han seguido todos estos trámites que te menciono», comenta de la Vega.
«Definitivamente, los trabajadores del Poder Judicial tienen derecho a huelga. Sin embargo, la huelga es un mecanismo que ejercen los trabajadores frente a sus empleadores. Aquí no podemos clasificarlo como una huelga porque no cumple con los requisitos legales para una», asegura Guerrero
Los derechos laborales del Poder Judicial
En el contexto del Poder Judicial, los trabajadores de base, quienes son tradicionalmente sindicalizados, tienen derecho al estallamiento de huelga. Esto, cuando se violan de manera general y sistemática sus derechos laborales, como lo establece la Constitución en su apartado B, fracción décima.
Oziel Guerrero explica que existen diferencias clave entre lo que se considera un paro y una huelga para el Poder Judicial. Los trabajadores, ya sean de base o de confianza, no han seguido los procedimientos legales típicos que caracterizan a una huelga, como la entrega de un pliego petitorio o la búsqueda de conciliación con sus empleadores. En cambio, este paro parece responder más a cuestiones políticas, asevera Oziel, que a conflictos laborales específicos.
Oscar de la Vega enfatiza que este paro puede definirse mejor como un «movimiento de resistencia pacífica». Además, puede considerarse o ampararse como un derecho humano. Sin embargo, los trabajadores de confianza, que incluyen jueces y magistrados, no tienen este derecho de huelga reconocido bajo la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Así, aunque este movimiento comparte elementos con una huelga, su naturaleza es más compleja y no encaja en las definiciones tradicionales.
Argumentos laborales en el paro del Poder Judicial
Entre los argumentos laborales detrás de las acciones de los trabajadores del Poder Judicial, se plantean preocupaciones legítimas sobre cómo las reformas propuestas podrían afectar sus derechos laborales, aunque estos aún no se han traducido en acciones legales formales.
Si bien es cierto que algunos trabajadores temen la pérdida de plazas o la afectación a su derecho de escalafón, estas preocupaciones son, por ahora, anticipaciones de lo que podría suceder si las reformas se aprueban. Hasta que una ley no sea formalmente promulgada, cualquier reacción laboral enfrenta el desafío de justificarse en un marco legal todavía inexistente.
«No se puede impugnar o dar una pelea jurídica contra algo que todavía no existe. Y esto a los justiciables nos queda muy claro. Es como si nosotros fuéramos y presentáramos un amparo en contra de una iniciativa de reforma: […] El Poder Judicial debiera ser primero en saber que no puedes tratar de impugnar o dar una pelea jurídica contra algo que todavía no existe», asevera Oziel
Por otro lado, los trabajadores que no son jueces argumentan que la reforma compromete su derecho de escalafón, es decir, su derecho a ascender en función de antigüedad y méritos. Estos dos aspectos son preocupaciones genuinas que, si bien actualmente no están consolidadas en una ley aprobada, podrían tener un impacto significativo en el futuro.
Procesos legales afectados por el paro
El paro del Poder Judicial ha impactado varios procesos legales, especialmente en áreas como lo laboral, civil, mercantil y familiar.
«Los casos urgentes siguen teniendo trámite, particularmente los procedimientos colectivos y particularmente el tema de huelgas que todos los días y horas son hábiles», señala De la Vega.
Sin embargo, los litigios individuales, con fechas ya señaladas para audiencias, se han suspendido. Además, los casos individuales programados para audiencias han quedado en suspenso, lo cual genera retrasos significativos y afecta a todas las partes involucradas, tanto trabajadores como empleadores. Esta situación provocaría un efecto dominó, donde los salarios caídos y la falta de resolución oportuna incrementan las tensiones.
«Tanto el trabajador como el patrón se ven afectados ante la dilación de estos procedimientos […] Son los justiciables, los usuarios de la justicia quienes nos vemos afectados por la falta de resoluciones, falta de actividad. Esto se convertirá simplemente en un rezago al momento en que el Poder Judicial reanude sus actividades», asegura Oziel.
Por otro lado, Oziel Guerrero menciona que no se debe desestimar el trasfondo político de este paro de labores.
«»Los propios jueces y magistrados que están organizando el movimiento han sido cuidadosos en decir que no se trata de una huelga, o al menos en sus comunicados y en sus posicionamientos han estado argumentando que es una suspensión de laboresya qque legalmente no podría catalogarse esto como una huelga. Esto es una suspensión de labores que obedece a otros temas, desde mi opinión, obedece a temas políticos», asegura
El paro refleja un conflicto de poderes más amplio entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Lo anterior, en un escenario donde los trabajadores judiciales utilizan su posición para presionar en contra de reformas que perciben como amenazas a su independencia y estabilidad.
La opinión de los expertos
Finalmente, ambos abogados expresaron su opinión para Líder Empresarial.
Oziel Guerrero discute la percepción sobre la reforma en el Poder Judicial, abogando por la adaptabilidad y sugiriendo que no se exageren los efectos negativos de los cambios propuestos.
«Mi opinión personal es que estamos satanizando la reforma. Al final, esto debe seguir adelante, esté quien esté. Se dice que en el Poder Judicial, ahora, están los más capaces y que llegarán los menos capaces, pero yo lo dudo. Ni los integrantes actuales son los mejores, ni los que vendrán serán los peores. No creo que esto sea un apocalipsis. Debemos adaptarnos a los cambios. En Estados Unidos, la gente vota por sus jueces, lo que tiene un sentido social. No podemos ignorar que vivimos una realidad distinta a la de hace 20 años», puntualiza Oziel Guerrero.
Oscar de la Vega analiza la necesidad de reformar el Poder Judicial, destacando la importancia de la especialización y la transparencia, y advirtiendo contra la simplificación excesiva de los procesos judiciales.
«Creo que el Poder Judicial sí necesita una reforma, ya que muchos procesos son poco claros, especialmente en los tribunales colegiados. Se requiere mayor apertura para poder argumentar adecuadamente. Aunque hay aspectos que deben reformarse en favor de la democracia y la transparencia, también es importante reconocer que el Consejo de la Judicatura y la Escuela de Formación Judicial han hecho un gran trabajo en la capacitación de jueces. Desempeñar la función de juez requiere alta especialización, y decidir por simple voto sin los requisitos necesarios desvirtúa la independencia y el conocimiento del Poder Judicial», reflexiona Oscar de la Vega.
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El paro en el Poder Judicial de México plantea preguntas importantes sobre los derechos laborales y la independencia de los poderes. Aunque no puede catalogarse como una huelga en términos tradicionales, representa un movimiento significativo de resistencia ante posibles cambios. Estos podrían afectar los derechos laborales y profesionales de los empleados judiciales. Este evento subraya la necesidad de claridad en las reformas propuestas. También de un diálogo abierto para asegurar el respeto de los derechos de todos los involucrados.
La situación actual demanda una evaluación cuidadosa de las implicaciones legales. Igualmente, una reflexión profunda sobre cómo estos movimientos afectan a la sociedad en su conjunto. Como país, México enfrenta el desafío de equilibrar la necesidad de reforma con la protección de los derechos fundamentales de sus trabajadores judiciales y la eficiencia en la administración de justicia.
