En un mundo marcado por el constante movimiento de personas en busca de mejores oportunidades, México se ha consolidado no solo como un país de tránsito, sino también como un destino para miles de personas en situación de movilidad. Entre los años 2000 y 2020, la población inmigrante internacional aumentó un 123 %, y Nuevo León se posicionó como el quinto estado con mayor emisión de Tarjetas de Residente Temporal (TRT) y Tarjetas de Residente Permanente (TRP).
Ante este panorama, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), organismo vinculado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha desempeñado un papel fundamental en el impulso de políticas y programas que favorecen la integración laboral formal de las personas migrantes. Reconoce que el empleo digno y legal es una de las vías más eficaces para lograr la inclusión social, el desarrollo económico y la garantía de los derechos humanos.
Este mecanismo también brinda apoyo en trámites administrativos, tales como la validación de documentos académicos, la capacitación, la implementación de buenas prácticas y los procesos de revalidación. Cabe destacar que no implica un proceso de nacionalización, sino que facilita asignaciones laborales dignas y una mejor calidad de vida, mediante un procedimiento completamente autónomo.
Este artículo explora los mecanismos de ayuda que proporciona la OIM, en colaboración con el gobierno, el sector privado y la sociedad civil, para abrir caminos hacia una integración laboral más justa, segura y sostenible en México. Esta labor se basa en lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley de Migración.
La OIM opera en diversos frentes para respaldar a las personas en contexto de movilidad. Sus iniciativas incluyen talleres de integración laboral formal y acceso a derechos fundamentales como salud, educación, vivienda, seguridad social y servicios financieros. Asimismo, impulsa los Mecanismos de Canalización Laboral (MECAL), que vinculan a personas migrantes con empleadores del sector formal. También ofrece asesoría jurídica y administrativa para la regularización migratoria, así como apoyo en trámites como la obtención del RFC, CURP, número de seguridad social y permisos de trabajo.
Las personas migrantes que permanecen en la informalidad laboral se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica, jurídica y social, sin acceso a derechos ni prestaciones. En cambio, con el respaldo de la OIM, se busca facilitar una transición efectiva hacia el empleo formal, promoviendo condiciones dignas de trabajo, acceso a servicios básicos y protección frente a abusos o explotación laboral.
De acuerdo con datos de la OIM, muchas personas migrantes que residen en Nuevo león, aún enfrentan barreras para lograr su plena integración laboral. A pesar de los esfuerzos institucionales y sociales, uno de los mayores desafíos sigue siendo el acceso a empleos formales donde puedan ejercer plenamente sus derechos y alcanzar estabilidad económica.
Para avanzar hacia esta inclusión desde el ámbito empresarial, es esencial conocer el proceso legal para contratar a una persona migrante en México. Según lo establecido en el artículo 166 del Reglamento de la Ley de Migración, “las personas que contraten extranjeros o que emitan oferta de empleo a una persona extranjera, deberán promover ante el Instituto la obtención de constancia de inscripción del empleador. La constancia de inscripción del empleador les permitirá acreditar su personalidad jurídica y facultades, de tal manera que en trámites subsecuentes en los que funjan como oferentes de trabajo o promoventes, sólo requerirán presentar la constancia actualizada…”
En cumplimiento de la legislación actual, las empresas deben contar con una Constancia de Inscripción del Empleador (CIE), que les permite registrar legalmente a personas extranjeras ante el Instituto Nacional de Migración (INM); emitir una carta de oferta laboral dirigida a la persona migrante, detallando las condiciones del puesto, justificar su contratación y comprometerse a formalizar la relación laboral. También deben asegurarse de no exceder el 10% de personal extranjero en su plantilla, como lo estipula la Ley Federal del Trabajo.
Por su parte, las personas migrantes deben presentar documentación migratoria actualizada y contar con los permisos correspondientes según su condición de estancia (visitante, residente temporal o residente permanente).
La labor de la OIM, como puente entre las necesidades humanitarias y las oportunidades laborales formales, representa no solo una vía de dignificación personal, sino también una estrategia beneficiosa para el sector privado. Los beneficios de una migración laboral segura incluyen el fortalecimiento de la fuerza laboral, el aumento del nivel de ingresos, la reducción de la rotación laboral, el fortalecimiento de la imagen internacional de las empresas y la contribución al crecimiento económico del país receptor, en este caso, México. La colaboración entre la OIM, las autoridades mexicanas y el sector empresarial abre la puerta a un modelo de desarrollo más inclusivo y sostenible, permitiendo que la migración sea una experiencia digna, productiva y transformadora.
Invertir en la integración laboral formal es una estrategia de desarrollo económico y social que beneficia tanto a las personas migrantes como a los países receptores. Al facilitar procesos de contratación legal y ofrecer herramientas de acompañamiento, se fortalece no solo la empleabilidad de quienes migran, sino también el compromiso empresarial con la responsabilidad social. Apostar por la inclusión laboral es, en definitiva, una inversión en talento, diversidad y crecimiento compartido.
