El acuerdo que tomaron los gobiernos de Estados Unidos y México para presentar el plan de remediación a la violación de derechos laborales en la empresa VU Manufacturing, sienta un precedente que pone en alerta a las empresas, pues el incumplimiento puede llegar a sanciones que no están reguladas por la legislación mexicana.
La implementación de la nueva legislación laboral no es monopolio del gobierno mexicano, sino que es compartido con el gobierno americano”.
Si bien el objetivo suena bien, (bajo el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida), lo preocupante es que se establecen sanciones a los patrones no reguladas en nuestra legislación. Las empresas deben capacitarse para enfrentar estos nuevos retos”, expuso Óscar de la Vega, socio director de De La Vega & Martínez Rojas. Esta es la primera vez que ambos gobiernos se ponen de acuerdo para fijar acciones que debe cumplir una empresa para garantizar los derechos laborales de los trabajadores.
Pablo Franco, representante legal de la Liga Sindical Obrero Mexicana, comentó que debe transparentarse la investigación que se realiza en contra de la empresa, pues se trata de una compañía reincidente y no hay constancia de que haya cumplido con el primer acuerdo de remediación.
Por su parte, Adrián Castillo García, consejero Von Wobeser y Sierra, comentó que con esta nueva realidad colectiva regulada por el T-MEC las “estrategias tradicionales” simplemente no tienen operatividad frente a la revisión y supervisión de las autoridades laborales, sobre todo la de Estados Unidos.
“Desde fuera se observa la imposición de una serie de medidas, que no sabemos qué tan efectivas resultan, pero que sí llaman la atención como la aparente ‘obligación’ de despedir al personal de recursos humanos, que más huele a chivos expiatorios que a responsables de los actos hechos en la empresa”, detalló Castillo García.
El nuevo acuerdo de remediación se presentó el pasado viernes y contempla 10 puntos en los que se detalla las medidas que deberá asumir la empresa, antes del 30 de septiembre de este año.
Sobre la manera que acordaron los gobiernos de Estados Unidos y México los especialistas coinciden en que aún se está aprendiendo de este proceso y del Capítulo 23 Laboral de T-MEC, pues de hacer las cosas como se realizaban en las negociaciones colectivas “pondremos en un problema grave a la empresa y sus trabajadores. En el seguimiento de este caso hemos visto que la empresa una y otra vez ha optado por el recurso jurídico alejado de la realidad de la gente y hoy en día esa es la peor de las opciones”, destacó Castillo.
